Mi padre se levantaba antes de que amaneciera. Lo hacía todos los días, sin excepción, porque la tierra no entiende de fines de semana ni de festivos. Años después, ya con mi formación en Economía bajo el brazo, aprendí a ponerle nombre técnico a lo que él hacía: producción primaria, valor añadido local, soberanía alimentaria. Pero él simplemente lo llamaba trabajar. Y trabajar bien.
Hoy, mientras escribo estas líneas, ese modelo de trabajo —honesto, exigente, enraizado en el territorio— está bajo una presión sin precedentes. Su nombre es el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, y lleva más de veinticinco años gestándose en los despachos de Bruselas. El 17 de enero de 2026, fue firmado en Asunción, Paraguay. El reloj ha empezado a correr.
¿De qué estamos hablando exactamente?
El Mercosur es el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con más de 270 millones de habitantes. Juntos representan una de las mayores potencias agroalimentarias del mundo: Brasil es el primer exportador de carne de vacuno del planeta, y Argentina no se queda lejos con sus pampas inmensas.
Las negociaciones entre ambos bloques comenzaron en 1999 y concluyeron formalmente el 6 de diciembre de 2024, dando lugar a dos instrumentos jurídicos: el Acuerdo de Asociación, que incluye el diálogo político y el comercio, y un Acuerdo Interino de Comercio, concebido para entrar en vigor antes de que se ratifique el primero.
El acuerdo aún necesita el consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación de los Estados miembros para entrar en vigor plenamente, y aquí la situación es más turbulenta de lo que parece. El 21 de enero de 2026, apenas cuatro días después de la firma en Asunción, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó, por un margen mínimo de solo diez votos —334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si es compatible con los Tratados. Esta decisión no supone un rechazo directo, pero sí paraliza de facto la ratificación durante un período estimado de entre 18 y 24 meses, que es lo que suele tardar el Tribunal en pronunciarse. El proceso ha quedado, pues, en un limbo jurídico de duración incierta. La Comisión Europea, sin embargo, conserva la potestad de aplicarlo provisionalmente en su parte comercial sin esperar al dictamen judicial, lo que convierte esta historia en un frente abierto con múltiples frentes.
Los números que nos venden y los que nos ocultan
Quienes defienden el acuerdo hablan de cifras deslumbrantes. La Comisión Europea estima que las exportaciones europeas al Mercosur podrían aumentar entre un 39% y un 40%, lo que supondría unos 49.000 millones de euros adicionales, y que se crearían 440.000 nuevos empleos en Europa. También se promete un ahorro arancelario de 4.000 millones de euros anuales para las empresas exportadoras europeas.
Suena bien. Pero hay que leer la letra pequeña con lupa de agricultor, consumidora y economista.
Lo primero que conviene preguntarse es quién exporta y quién importa. En 2024, la balanza comercial de España con el Mercosur fue claramente deficitaria: exportamos 329 millones de euros pero importamos más de 2.200 millones. Es decir, ya hoy compramos mucho más de lo que vendemos. El acuerdo amplificará esa asimetría en los sectores más vulnerables.
Lo segundo es preguntarse a quién beneficia el crecimiento de exportaciones europeas. La respuesta es reveladora: el acuerdo está pensado fundamentalmente para la agroindustria global orientada a la exportación y, sobre todo, para la industria automovilística y química alemana. No es una especulación: el propio texto del acuerdo recorta los aranceles «prohibitivos» de Mercosur sobre automóviles (actualmente del 35%), maquinaria (14-20%) y productos farmacéuticos (hasta el 14%). Los coches de Frankfurt a cambio del campo de Castilla. O de Extremadura. O de Galicia.
La propia organización agraria COAG lo resumió con una claridad que merece ser escuchada: «se ha hecho un reparto de cromos, se han repartido vacas por coches. La misma Comisión Europea dice que el incremento del PIB que va a suponer Mercosur va a ser del 0,01%. Están vendiendo al sector agrario por calderilla.» Un 0,01% de incremento del PIB europeo. Para ponerlo en perspectiva: esa es una cifra tan pequeña que estadísticamente puede considerarse cero. Es el precio que se le pone a décadas de esfuerzo de miles de familias agricultoras. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿para quién se negocia exactamente este acuerdo?
La trampa de los estándares: competir con las manos atadas
Aquí está el nudo gordiano del problema, y como economista debo señalarlo con toda la precisión posible: no se puede hablar de libre comercio cuando las condiciones de partida son radicalmente distintas. El libre comercio solo es justo cuando los jugadores tienen reglas del juego equivalentes. De lo contrario, no es libre comercio: es competencia amañada.
Un ganadero español que produce carne de vacuno está sometido a normas estrictas de bienestar animal, límites en el uso de antibióticos, control de pesticidas, trazabilidad del producto de la granja al plato, y exigencias medioambientales crecientes. Todo eso tiene un coste. Un coste real, que aparece en su cuenta de resultados cada mes.
Los productos del Mercosur, en cambio, compiten con precios notablemente más bajos gracias a menores costes de producción: salarios más bajos, menos exigencias regulatorias en materia ambiental y una supervisión menos estricta en términos de calidad y seguridad alimentaria. Esto no es una abstracción teórica: es la diferencia entre poder pagar las facturas a fin de mes o no poder hacerlo.
El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, lo denuncia abiertamente: el principal problema es que se permitirá la entrada de productos cárnicos «sin que se le exijan las condiciones sanitarias y los estándares que nos obligan a aplicar a los ganaderos europeos».
El caso del azúcar es especialmente ilustrativo. En los países del Mercosur está permitido el uso de neonicotinoides en el cultivo de remolacha, un tipo de insecticidas prohibidos en la Unión Europea, lo que abarata los costes de producción y hace que el azúcar importado resulte mucho más barato.
A esto se le llama en economía «dumping regulatorio»: una forma de competencia desleal en la que un país o bloque comercial obtiene ventaja de precios no por ser más eficiente, sino por tener normas más laxas en materia laboral, medioambiental o sanitaria. A diferencia del dumping de precios clásico —vender por debajo del coste de producción—, el dumping regulatorio es más difícil de detectar y de combatir legalmente. Y sus consecuencias son las mismas: hace imposible competir en igualdad de condiciones al productor local.
Lo que no se puede medir en euros: la soberanía alimentaria
Más allá de los márgenes y los balances, hay algo que los modelos económicos tienen dificultades para capturar: la autonomía de un país para alimentar a su propia población.
La pandemia de 2020 nos dio una lección que no deberíamos olvidar: cuando las cadenas de suministro globales se rompen, quienes dependen del exterior para lo más básico quedan expuestos de una forma que ningún seguro puede cubrir. Lo mismo ocurrió con la energía cuando estalló la guerra en Ucrania. Primero el gas, luego el trigo. La dependencia estratégica tiene un precio que solo se descubre en los momentos de crisis.
Un país que desmantela su agricultura local para importar alimentos más baratos no está ahorrando: está hipotecando su seguridad. Y esa hipoteca la pagamos todos, no solo los agricultores.
Los analistas advierten de que la posible deslocalización de empresas que hoy procesan o comercializan productos amenazaría el empleo rural y la supervivencia de pequeños negocios y cooperativas, afectando especialmente a las comarcas más desfavorecidas. No hablamos de estadísticas abstractas: hablamos de pueblos que ya hoy luchan contra el despoblamiento, de familias que llevan generaciones ligadas a una tierra que el mercado global no sabe cómo valorar.
¿Quién gana realmente?
Vale la pena hacer el ejercicio de seguir el dinero. El acuerdo reducirá aranceles para el 91% de los bienes exportados por Europa al Mercosur. Los principales beneficiarios son, en el lado europeo: el sector del automóvil alemán, la industria química y farmacéutica, y las grandes distribuidoras de alimentos que podrán comprar más barato fuera y vender igual de caro dentro. En otras palabras: los que ya tienen poder de mercado ganarán aún más poder. Los que tienen menos, perderán el poco que les queda.
En el otro lado de la balanza, los sectores más afectados en España son el vacuno, el aceite de oliva, los cítricos, la avicultura, el porcino, la miel, el maíz y el azúcar. Un estudio encargado por el propio Gobierno español concluye que para 2041, el sector bovino podría sufrir una caída del 3,42% en sus exportaciones como consecuencia del aumento de las importaciones desde Mercosur.
Las salvaguardias que ha diseñado la Comisión Europea —mecanismos que permiten activar protecciones si las importaciones crecen más de un 5% o los precios caen más de esa proporción— son bienvenidas, pero insuficientes según los propios agricultores. Asaja denuncia que separar la parte comercial del acuerdo de la parte política desactiva las cláusulas de condicionalidad relativas a los compromisos climáticos, la lucha contra la deforestación y las normas sobre carbono en frontera. En otras palabras: nos comprometemos a comprar, pero sin exigir a cambio que produzcan de forma sostenible.
Una llamada a la conciencia, no al catastrofismo
No escribo esto para sembrar el miedo. Escribo desde la convicción de que una sociedad informada toma mejores decisiones, tanto en las urnas como en el mercado.
El libre comercio no es malo por naturaleza. Puede ser un instrumento de prosperidad compartida. Pero para que lo sea, tiene que ser un comercio justo: con reglas del juego iguales para todos los jugadores, con transparencia sobre quién gana y quién pierde, y con mecanismos reales de protección para los más vulnerables.
Lo que tenemos hoy es otra cosa. Es un acuerdo en el que los pequeños agricultores europeos cargan con el coste de la apertura mientras las grandes corporaciones se quedan con los beneficios. En el que se pide al campo que compita sin las mismas armas. En el que se sacrifica la producción local en aras de una lógica financiera que no pisa la tierra ni madruga.
Mi padre madrugaría igual mañana, porque era así. Pero yo no puedo evitar preguntarme cuántos lo harán dentro de veinte años, si seguimos tomando decisiones que ignoran el valor de lo que construyeron.
Porque cuando desaparece el último agricultor de un valle, no solo se pierde un oficio. Se pierde un paisaje, una cultura, una forma de entender la relación entre el ser humano y la tierra. Y eso no tiene precio de mercado, ni aparece en ninguna etiqueta.
Este es el primero de una serie de artículos sobre soberanía alimentaria, economía local y el futuro del territorio. Seguiré explorando estos temas en próximas entregas de Cuaderno de Fondo.