Estamos solos. No, peor aún: estamos rodeados de corrupción, mentiras y un espectáculo político que parece no tener fin. Tenemos un Gobierno que, a juzgar por su actuación ante las tragedias que golpean a nuestro país, transmite una preocupante sensación de indiferencia ante el sufrimiento de los ciudadanos.
Tengo rabia, ira y una tristeza que llevo demasiado tiempo conteniendo.
Otra tragedia ferroviaria. Decenas de vidas perdidas, familias destrozadas y un país que vuelve a preguntarse cómo ha podido suceder algo así. El accidente del 28 de octubre en Urda, Toledo, ha dejado un balance provisional de al menos 69 fallecidos, mientras que un informe preliminar de la CIAF recoge 74 víctimas mortales. Las cifras siguen pendientes de aclaración.
¿Cuántas veces tenemos que vivir situaciones semejantes para que alguien asuma responsabilidades de verdad?
Mientras tanto, las explicaciones oficiales apuntan a fallos en la gestión de la circulación ferroviaria. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿quién responde por la seguridad de los ciudadanos y por el funcionamiento de los servicios públicos?
Porque gobernar no consiste únicamente en ocupar un sillón, hacerse fotografías y comparecer ante las cámaras. Gobernar significa anticiparse a los problemas, mantener las infraestructuras, gestionar las emergencias y proteger a la población.
Y cuando algo falla, dar explicaciones y asumir responsabilidades.
Ocho años de poder y demasiados errores
Pedro Sánchez y su Gobierno tienen mucho que explicar. La acumulación de polémicas, investigaciones judiciales y decisiones cuestionables ha deteriorado la confianza de muchos ciudadanos en nuestras instituciones.
Hablemos de algunas de esas cuestiones:
- Las polémicas que afectan al entorno familiar del presidente. Las investigaciones y controversias relacionadas con personas de su entorno han generado numerosas preguntas que merecen respuestas claras y transparencia.
- Los casos que afectan al PSOE. Las investigaciones judiciales sobre personas vinculadas al partido y a su entorno político obligan a exigir explicaciones y responsabilidades.
- Las relaciones políticas y económicas con Venezuela. Las conexiones, los posibles intereses y las operaciones cuestionadas deben esclarecerse con pruebas y sin privilegios para nadie.
- El uso del dinero público. Las subvenciones, los contratos y las ayudas financiadas con fondos públicos deben estar sometidos a controles rigurosos. Cada euro procede del esfuerzo de los contribuyentes y tenemos derecho a saber cómo se gasta.
- Las controversias relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero. Sus relaciones políticas y sus actividades vinculadas a Venezuela también merecen explicaciones cuando surgen dudas sobre posibles conflictos de intereses.
Seguro que me dejo otros asuntos. Porque el problema no es únicamente un caso concreto: es la sensación de que la política se ha convertido en un espacio donde demasiadas veces se anteponen los intereses partidistas a los de los ciudadanos.
Y mientras tanto, nosotros seguimos pagando impuestos, cumpliendo nuestras obligaciones y esperando que quienes nos gobiernan estén a la altura.
Hacienda funciona para recaudar. ¿Por qué no exigimos la misma eficacia cuando se trata de protegernos?
Las tragedias que no podemos olvidar
No podemos hablar de responsabilidad política sin recordar lo ocurrido durante estos años. Cada tragedia tiene sus propias circunstancias, pero todas merecen memoria, investigación y respuestas.
La pandemia del coronavirus
La COVID-19 dejó en España más de 121.000 fallecidos contabilizados oficialmente a junio de 2023, según los datos del Ministerio de Sanidad. Detrás de cada cifra había una persona, una familia y una historia.
La gestión de la pandemia dejó decisiones muy discutidas, errores que deben analizarse y una enorme pérdida de vidas humanas. Además, los casos de presunta corrupción relacionados con la compra de material sanitario provocaron una indignación comprensible.
En una emergencia sanitaria, la prioridad debe ser proteger a las personas, no aprovecharse de ellas.
El volcán de La Palma
En septiembre de 2021, la erupción del volcán de Cumbre Vieja obligó a evacuar a miles de personas. No se registraron fallecidos directamente atribuibles a la erupción, pero el daño material fue devastador: viviendas, negocios, cultivos y terrenos quedaron destruidos.
Muchas familias perdieron sus casas, sus medios de vida y sus recuerdos. La reconstrucción y las ayudas han sido motivo de preocupación y críticas.
Quienes lo perdieron todo merecen soluciones efectivas, no promesas que se diluyen con el paso del tiempo.
La DANA: 230 vidas perdidas
La DANA de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales confirmadas en el balance oficial de finales de noviembre de aquel año. Municipios enteros quedaron devastados y numerosas familias tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero.
La actuación de las distintas administraciones, los sistemas de alerta, la coordinación y la respuesta de emergencia deben examinarse con rigor.
Que existan competencias repartidas no puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades.
Las víctimas merecen saber qué falló, quién pudo actuar mejor y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a ocurrir.
Los incendios forestales
Nuestros montes, nuestros espacios naturales y nuestra fauna sufren las consecuencias de los grandes incendios. También las sufren quienes se juegan la vida para apagarlos y las personas que ven amenazados sus hogares.
Según el informe anual de Protección Civil, ocho personas murieron como consecuencia directa de incendios forestales en España durante 2025, cinco de ellas integrantes de los dispositivos de extinción y tres ajenas a ellos.
Necesitamos prevención, limpieza forestal, una gestión responsable del territorio, medios suficientes y políticas ambientales que funcionen en la práctica.
No basta con lamentar las pérdidas cuando ya es demasiado tarde.
Adamuz: 46 fallecidos y más de un centenar de heridos
El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, ocurrido el 18 de enero de 2026, dejó 46 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
La tragedia abrió interrogantes sobre la seguridad ferroviaria, el mantenimiento de las infraestructuras y las posibles responsabilidades. La investigación debe determinar las causas concretas y aclarar cualquier posible negligencia.
Los accidentes ferroviarios nos recuerdan que el mantenimiento, la inversión y la supervisión técnica no son cuestiones menores. Son asuntos de los que dependen vidas humanas.
Urda: otra tragedia ferroviaria
Y ahora, el 28 de octubre, volvemos a vivir una tragedia ferroviaria en Toledo. La colisión entre un tren AVE de Renfe y un tren de Iryo ha provocado decenas de muertos y más de un centenar de heridos.
El balance ha pasado por distintas actualizaciones: el operativo mantenía 69 cuerpos recuperados, mientras que un informe preliminar de la CIAF recoge 74 víctimas mortales. Es imprescindible aclarar la cifra definitiva y establecer qué ocurrió.
Las primeras informaciones apuntan a decisiones relacionadas con la circulación de los trenes y con la gestión de una incidencia en el sistema de seguridad. La investigación tendrá que determinar las responsabilidades.
No se puede devolver la vida a las víctimas, pero sí se puede y se debe llegar hasta el fondo de lo sucedido.
Y aquí viene la pregunta: ¿Cuántas tragedias más hacen falta para que la seguridad y el mantenimiento de nuestras infraestructuras se conviertan en una prioridad incuestionable?
Ceuta y la presión migratoria
Los ciudadanos de Ceuta y de otras zonas fronterizas también tienen derecho a sentirse protegidos. La crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando entraron irregularmente en Ceuta miles de personas en apenas unos días, evidenció la enorme presión que puede sufrir una ciudad fronteriza.
La política migratoria debe garantizar el control de las fronteras, el cumplimiento de la ley, la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Quienes delinquen deben responder individualmente por sus actos, con independencia de su origen.
La seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley no deberían convertirse en armas arrojadizas entre partidos.
La vivienda: un problema que sigue sin resolverse
Este es otro de los grandes fracasos que perciben muchos ciudadanos. Comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo casi imposible para demasiados jóvenes y alquilar una casa absorbe una parte desproporcionada de muchos salarios.
¿Dónde están las políticas eficaces para aumentar la oferta de vivienda asequible? ¿Dónde están los planes que permitan a una persona trabajar, ahorrar y tener la posibilidad real de formar un hogar?
En España se construyeron viviendas públicas y se impulsaron políticas de acceso a la vivienda durante distintas etapas históricas, también durante la dictadura franquista. Podemos discutir sus aciertos y sus errores, pero lo que no podemos aceptar es que generaciones enteras se queden sin alternativas.
Y resulta difícil entender que se responsabilice de esta situación a cualquiera menos a quienes llevan años tomando decisiones desde las instituciones.
Tener un trabajo debería permitirte vivir con dignidad, no condenarte a compartir piso indefinidamente o a destinar casi todo tu sueldo al alquiler.
¿Quién asume la responsabilidad?
Ante cada tragedia escuchamos declaraciones, promesas de investigación y acusaciones cruzadas. Unos culpan a otros, los partidos se enzarzan en sus batallas y, mientras tanto, las víctimas y sus familias tienen que aprender a vivir con una ausencia que nadie podrá reparar.
No todo accidente demuestra una negligencia. No toda investigación acaba en una condena. Y no toda responsabilidad corresponde a una única administración.
Pero precisamente por eso hacen falta investigaciones independientes, transparencia y explicaciones fundamentadas. Si hubo errores, que se conozcan. Si hubo negligencias, que se depuren. Y si alguien utilizó su cargo para enriquecerse o beneficiar a sus allegados, que responda ante la justicia.
Lo que no podemos normalizar es que la responsabilidad política desaparezca detrás de una rueda de prensa.
España no es propiedad de ningún partido
Pedro Sánchez, tu Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas. No sois propietarios de España ni podéis tratar las instituciones como si fueran patrimonio de un partido.
La democracia no consiste únicamente en ganar unas elecciones. También consiste en respetar los controles, garantizar la independencia institucional, aceptar las críticas y reconocer los errores.
Me preocupa la polarización, el enfrentamiento constante y la facilidad con la que se descalifica a quien piensa diferente. Me preocupa que se intente convertir cualquier crítica en una batalla entre buenos y malos, progresistas y fachas, como si millones de ciudadanos no tuvieran derecho a discrepar.
Y me preocupa que, ante problemas tan graves como la vivienda, la corrupción o la seguridad de las infraestructuras, el debate público termine reducido a un intercambio de insultos.
Los ciudadanos no necesitamos políticos que se crean imprescindibles. Necesitamos servidores públicos que comprendan que el poder es una responsabilidad y que su puesto no está por encima de la ley.
También necesitamos una oposición a la altura, capaz de fiscalizar, proponer soluciones y ofrecer alternativas reales.
A quienes seguís votando al PSOE
Tenéis todo el derecho a votar a quien queráis. Esa es precisamente la esencia de la democracia.
Pero votar también implica reflexionar. Ningún partido merece una fidelidad ciega. Ningún líder debería estar por encima de las preguntas incómodas. Y ningún ciudadano debería justificar cualquier actuación simplemente porque la ha cometido el partido con el que simpatiza.
Preguntad, investigad, contrastad y exigid explicaciones. A todos los partidos, sin excepciones.
Porque cuando se trata de corrupción, de dinero público, de servicios esenciales o de vidas humanas, no debería haber colores políticos que valgan más que otros.
La lealtad a unas siglas jamás debería estar por encima de la lealtad a la verdad.
No quiero venganza. Quiero justicia.
Ojalá el karma existiera y cada persona tuviera que experimentar, multiplicado por mil, el sufrimiento que ha causado a los demás. Es lo que me sale pensar cuando la rabia me puede.
Pero, por encima de esa rabia, quiero algo mucho más importante: justicia, transparencia y responsabilidades. Quiero que las víctimas no caigan en el olvido, que las familias reciban respuestas y que los errores no vuelvan a repetirse.
No quiero un país en el que tengamos que resignarnos a que las cosas funcionen mal. No quiero que nos acostumbremos a las tragedias, a los escándalos ni a la impunidad. No quiero que la indignación dure dos días y después todo siga exactamente igual.
Quiero un país en el que la vida de una persona importe más que la imagen de un Gobierno.
Y si por escribir esto alguien me llama facha, que lo haga. Si discrepas conmigo, argumenta. Si crees que estoy equivocada, dame razones. Pero no me pidas que me calle ni que mire hacia otro lado.
Porque criticar al poder no es ser de derechas ni de izquierdas. Es ejercer un derecho democrático.
Y exigir responsabilidades no debería ser una cuestión de ideología, sino de dignidad.
